Los “cartoneros” han logrado el reconocimiento de su labor en la recuperación de materiales de desecho en Buenos Aires


  • Frente al neoliberalismo los trabajadores informales construyen una vía colectiva alterna

POR JUAN MANUEL TIRADO JUÁREZ

Para los habitantes de ésta y otras metrópolis mexicanas es casi imposible pensar que los trabajadores de los sectores informales de la economía pudieran agruparse en asociaciones o cooperativas para luchar por el reconocimiento de sus actividades y, aún más, llegar a ser considerados como servidores públicos. Sin embargo, en Argentina los allá conocidos como “cartoneros”, el equivalente en nuestro medio a los pepenadores, han conseguido —después de una tenaz lucha— organizarse en colectivos y federaciones que participan en diversos rubros de la economía popular.

            Durante poco más de una década, el doctor en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, Santiago Sorroche, ha estudiado muy de cerca el trayecto que han seguido las cooperativas y organizaciones en dos provincias de la zona metropolitana de la capital argentina, La Matanza y Lomas de Zamora. Durante la conferencia dictada en la UAM Azcapotzalco, Mejor que decir es hacer o la política de lo testimonial. Imágenes del movimiento obrero argentino en la construcción de organizaciones de la economía popular, destacó que, sin duda, en nuestro país resulta difícil pensar en la organización de los trabajadores informales, y que éstos se movilicen y enarbolen sus demandas. Esta ponencia se insertó dentro del proyecto de investigación Ciudadanía fragmentada, la sociabilidad política entre la resistencia y la desafección, a cargo del grupo académico Sociología de la política.

El trabajo de campo del doctor Sorroche lo ha llevado a relacionarse con los integrantes de diversos colectivos como la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), integrada por cooperativas pertenecientes al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y que forma parte de la Federación de Trabajadores de la Economía Popular de Argentina. Los carreros son el equivalente en México a las personas que recorren las calles en vehículos motorizados o tirados por mulas o caballos, que compran y recogen material de desecho.

Para ubicar los antecedentes de esas cooperativas ligadas al movimiento obrero de su país, señaló la importancia del papel desempeñado por el general Juan Domingo Perón a mediados del siglo pasado, quien antes de ser presidente fue secretario del Trabajo desde donde procuró mejoras y derechos para la clase trabajadora, y ésta le apoyó cuando fue encarcelado y posteriormente derrocado mediante un golpe de estado. Durante el peronismo se empujó la industrialización, lo que de alguna manera condujo al fortalecimiento de los sindicatos, y esto se tradujo en beneficios económicos y sociales para sus agremiados y para la sociedad.

Perón impulsó una vía propia en Argentina, el justicialismo —alterna al capitalismo y al comunismo—, para beneficiar a la población, pero se topó con sectores que enfrentaron sus medidas y que, incluso, se concretaron en asonadas militares y encarcelamientos. Sin embargo, los principios del peronismo siguen nutriendo a los sectores populares de ese país. El propio título de la ponencia, puntualizó el investigador, recoge una de las máximas peronistas: “Es mejor hacer que decir”.

A fines del siglo pasado, su país —al igual que buena parte del planeta— vio llegar la imposición del modelo neoliberal que dio lugar a la venta de empresas paraestatales, la privatización de sectores y la drástica variación del peso argentino frente al dólar, medidas que sentaron las bases para el estallido de la crisis económica y social con que Argentina recibió al nuevo milenio. Miles de personas quedaron desempleadas, muchas de las cuales nutrieron al movimiento “piquetero” (trabajadores desocupados) que encabezó de cierta manera la oposición a las políticas neoliberales, explicó.

Con la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner, prosiguió, el país mejoró sus índices macroeconómicos, creció el empleo y los sindicatos recuperaron su fuerza, lo que no fue suficiente para paliar la situación de amplios sectores de la población. Estos tuvieron que insertarse en la economía informal o popular (como la denominan sus integrantes), para subsistir. Se han procurado sus “propios medios de trabajo y de producción”, pero no cuentan con protección social.

Sectores como el de los cartoneros —que a principios del siglo aglomeraba a más de 100 mil personas—, se han insertado en la economía popular y han impulsado una tarea colectiva, resaltó el investigador: los materiales que recuperan en la industria son utilizados como materia prima. En Argentina, continuó, “la ciudadanía está fuertemente ligada a la identidad como trabajadores”; por ello, esos grupos redoblan esfuerzos para ser reconocidos como tales y defender sus derechos.

            Durante su ponencia recordó que, a finales de la década de los 70, la junta militar empezó a procurar incipientes medidas para el tratamiento de los residuos: abrió rellenos sanitarios para depositar la basura que después de algún tiempo resultaron insuficientes —además de ser considerados focos de infección y contaminantes del subsuelo y de los mantos freáticos, así como productores de gases—, por lo cual fueron cerrados. Al mismo tiempo, impuso medidas para criminalizar la pepena. Además, con el pretexto de la celebración del mundial de futbol (y de paso para favorece a la burguesía urbana), abrió “cinturones ecológicos” para que los sectores más desprotegidos no afearan el paisaje: los arrojó.

Con el cambio de aires políticos y con la puesta en marcha de una serie de leyes, la situación de las personas dedicadas a la recuperación de los materiales de desecho se modificó: las luchas emprendidas a durante años empezaron a arrojar frutos. Apuntó que entre el 2003 y el 2006 se creó el Programa de Recuperadores Urbanos, con lo que se derogaron las prohibiciones dictadas previamente; se tomaron disposiciones a nivel nacional sobre el correcto manejo de los residuos, con lo cual los cartoneros fueron considerados actores centrales en la cadena del reciclaje y, con la Ley 1854, conocida como Basura Cero, se reconoció a los integrantes de ese sector como servidores públicos, con lo cual además de recibir medio salario mínimo mensual (el equivalente a 9 mil pesos mexicanos), tienen acceso a programas estatales.

Su situación cambió también en la forma de realizar sus tareas: se organizaron para clasificar y separar los materiales y procuraron informar a los ciudadanos sobre cómo hacer una separación adecuada de los desechos. Además, con la cooperativa Reciclando sueños se han constituido como una empresa que se enlaza con las industrias recicladoras para obtener mejores precios por los materiales recuperados. Ha contado con el apoyo de organizaciones no gubernamentales que la asesora para la realización de cursos, encauzar actividades y conseguir recursos.

Al experto, su cercanía con los trabajadores le ha permitido escuchar testimonios y observar cómo en la construcción política de sus cooperativas se aprecia la influencia del peronismo cuando los sectores populares se organizan e impulsan acciones colectivas con el gobierno, “concentrados en la ejecución de una misión común”.

Para el autor de diversos capítulos en libros colectivos, como La política de lo testimonial, Líderes, residuos y lugares. Reflexiones sobre la reglamentación global del reciclaje desde la experiencia de una cooperativa de cartoneros en La Matanza, los cooperativistas han impulsado la autosustentabilidad como una herramienta política que, al mismo tiempo, les ha permitido resignificar sus actividades, ser reconocidos como trabajadores y a su propio quehacer “como una actividad digna”. La intención de la cooperativa es ser considerada como una empresa con horarios y labores específicas, además de luchar por los derechos de los trabajadores.

En 2012, alrededor de cien cooperativas se organizaron por la defensa de sus derechos y el reconocimiento de sus labores sociales y ambientales; el MTE, junto con otras organizaciones políticas, fundó la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Cetep), que aglutina también a vendedores ambulantes, pequeños campesinos y trabajadores de diversas ramas. Esa agrupación tiene en su agenda luchar por el seguro de salud, entre otras metas. Hace un par de años, un conjunto de organizaciones se lanzaron a la calle para que se promulgara la Ley de Emergencia Social, que estipula —entre otros aspectos— que “todos los trabajadores de la economía popular” reciban la “mitad del salario mínimo vigente” que, como se mencionó, es el equivalente a nueve mil pesos mexicanos al mes, aunque no es mucho porque la vida en Argentina es más cara.

Sorroche resaltó que ante el embate del neoliberalismo se respondió con “una construcción colectiva” para salir adelante. Las cooperativas “reafirman la organización entre vecinos; unidos han logrado cimentar la gremialidad, lo que abona a la construcción de un sindicato cartonero, para poder, de una buena vez, ser reconocidos plenamente como trabajadores”.

Para abrir esta actividad, el ensamble musical Szüret, de la Casa de la Cultura de la delegación Azcapotzalco, encabezado por José Vázquez Hernández e integrado por Cintia Gisela Alfaro Mireles y la alumna de Sociología de esta Unidad, Sigria Bethsabe Bravo Méndez, entre otros, interpretó varias obras de Vivaldi, entre ellas, el Concierto para violín número 9 y el Concierto número 8.

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Acerca de alephUAM_A

Sección de Información y Divulgación, UAM Acapotzalco
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